Con la presencia de las más altas autoridades del país, encabezadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric, este miércoles 26 de marzo la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, rindió la Cuenta Pública institucional correspondiente al período 2024.

En su mensaje, realizado en el Salón Auditorio CGR, la jefatura del organismo de control efectuó un resumen de las principales actividades desarrolladas y decretos de insistencia; los resultados de la gestión interna, financiera, del personal y atención ciudadana; y se refirió dudas y dificultades en la interpretación y aplicación de las normas.

Además, dio a conocer los resultados de la gestión estratégica y los principales desafíos para 2025.

En cuanto a la función de fiscalización, la Contralora Dorothy Pérez dio cuenta de la realización de 2.333 fiscalizaciones. También mencionó otras 224.789 actividades de control, vinculadas a declaraciones de patrimonio e intereses procesadas, proyectos rendidos en SISREC y observaciones que se mantuvieron en seguimientos, entre otras.

Como parte de las acciones de fiscalización destacadas, la titular del organismo puso de relieve los 24 informes sobre listas de espera en hospitales, otros 16 sobre recepción y destrucción de droga incautada, seis más sobre control de armas y municiones, más de un centenar vinculado al ámbito de la educación y 96 sobre la situación presupuestaria de los municipios y uso de recursos en período electoral.

Respecto de la función jurídica, indicó que durante el año pasado se efectuaron más de 18 mil exámenes de juridicidad de actos administrativos y un total de 31.779 dictámenes. Asimismo, detalló la cantidad de sumarios finalizados e iniciados, las investigaciones sumarias finalizadas y los recursos de protección ejecutoriados favorables a CGR.

Entre otras actividades, también destacó que se controló la legalidad y registro de 3.045.014 actos administrativos.
Sobre la función contable, la Contralora General destacó más de 57 mil informes contables y presupuestarios procesados, seis instructivos contables y más de $49 billones refrendados.

Igualmente, vinculado al actuar jurisdiccional, mencionó los 94 juicios de cuenta iniciados y las más de 100 sentencias que sumaron los juzgados de 1ª y 2ª instancia.

Falta de presupuesto y sistema nacional de control

Ante la atenta mirada de las principales autoridades nacionales, la Contralora también reflexionó sobre la variación del presupuesto institucional en comparación al del sector público. Así, mientras presentaba un gráfico que ilustraba las diferencias, mencionó que “desde 2015 a la fecha vemos cómo el presupuesto del sector público ha aumentado considerablemente; las necesidades públicas aumentan y el sector público crece para atender esas necesidades. Sin embargo, el presupuesto de la institución no ha crecido en la misma medida”.

Este espacio de su mensaje fue el punto que le permitió abordar una necesidad que -a su juicio- tiene el país. “Lo cierto y lo relevante, es que esta es una situación de riesgo, en cualquier país. Es muy importante que en los órganos de control -no solo la Contraloría- y que forman parte del Sistema Nacional de Control que tenemos que robustecer, tengan los recursos necesarios para acometer su labor frente a este crecimiento del aparato público”.

El planteamiento de la autoridad cambió en ese sentido, que mantuvo hasta el final de su presentación, que se extendió por cerca de 30 minutos. Así, enfatizó que uno de los principales desafíos para la gestión 2025 será reimpulsar y fortalecer el sistema nacional de control, que permita articular de mejor manera las labores fiscalizadoras de los distintos órganos que componen el Estado.

Autoridades presentes

La Cuenta Pública institucional también consideró la revisión de la gestión interna, los resultados de la gestión estratégica y un resumen de las principales observaciones detectadas en la fiscalización.

Esto último llamó la atención del más de un centenar de asistentes que repletó el salón. Entre las autoridades presentes se encontraban el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi; el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros; y la presidente del Servel, Pamela Figueroa; además de ministros, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, directores de servicios y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

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